Corrupción en el IDUV: denuncian a Pablo y MarÃa Grasso por irregularidades en la entrega de lotes
El presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Cristian Mansilla, presentó una denuncia formal contra el actual intendente de RÃo Gallegos, Pablo Grasso, y su hermana MarÃa Grasso, por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Grasso al frente del organismo, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2023.
Dicha denuncia señala una supuesta administración fraudulenta de bienes del Estado Provincial y la entrega irregular de lotes en la zona de la costanera local, un área privilegiada por su alto valor económico, que habrÃan sido otorgados a personas que no cumplÃan con los requisitos legales establecidos.
Mansilla afirma que las adjudicaciones se realizaron sin respetar la normativa vigente, beneficiando de manera discrecional a personas vinculadas polÃticamente con el entonces presidente del IDUV.
Además, según consta en la presentación realizada por Mansilla ante la justicia, el Sr. Grasso, en su calidad de presidente del IDUV, no tenÃa facultades legales para disponer de esos bienes. Según la Ley 1179, que regula las atribuciones del organismo, cualquier adjudicación debÃa cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos, algo que, según la denuncia, no se respetó.
Según la denuncia, estas acciones reflejan una desviación del principal objetivo de la función pública, que es "la búsqueda del bien común y el compromiso de lealtad con los habitantes de la provincia", lo que habrÃa llevado a beneficiar intereses particulares por encima de las necesidades de la comunidad.
Mansilla también señaló que la mayorÃa de los lotes fueron asignados a exfuncionarios del gobierno de Alicia Kirchner o a allegados de Pablo Grasso, en un proceso que describió como "discrecional y desigual".
La denuncia, fue formalizada el viernes 29 de noviembre mediante el sistema SIPED, en el Juzgado de Instrucción N°2, y señala que el sistema de entregas implementado por los Grasso, habrÃa vulnerado las leyes vigentes, dejando de lado a quienes, cumpliendo con todos los requisitos legales, como la presentación de expedientes, trámites y años de espera, nunca tuvieron la oportunidad de acceder a un lote con servicios.