Los “Indignados” locales y el cambio de modelo

 Por Federico Muñoz

La fuerte crisis política que afecta a la gestión municipal del intendente Raúl Cantín sumó este fin de semana un nuevo integrante al escenario, el colectivo de los indignados locales, cuya aparición puede desatar repercusiones políticas en un escenario virtualmente paralizado por la ausencia de espacios negociadores.

El nuevo componente, que vehiculiza el malhumor social, ha demostrado en otras partes del mundo ser un factor desencadenante de cambios que llevan a la resolución de las crisis o en su defecto a profundizarlas, para gestar nuevas instancias que tengan mayor capacidad de solucionar los conflictos. También es cierto que el colectivo de los indignados puede derivar en la conformación de un nuevo grupo político, con nuevos referentes sociales, que suele desafiar la polarización partidaria que se da en la mayoría de las ciudades.

Lo cierto es que este nuevo actor de la crisis municipal hizo su aparición pública el pasado fin de semana en el tradicional izamiento que se cumple cada domingo en la capital santacruceña, convertido desde hace un tiempo en la plataforma de diversos reclamos sociales. Allí pueden verse desfilar desde pedidos de justicia por casos no resueltos, a pedidos de ayuda económica o directamente manifestaciones políticas por temas de coyuntura. Por lo que fuere, los vecinos encuentran en ese espacio un momento para hacer pública sus inquietudes. ¡Qué pobreza!

Sin restarle legitimidad al izamiento dominical, que los vecinos crean que para ser escuchados tienen ir a manifestarse allí, habla muy mal de las instituciones públicas que deberían ser el espacio natural de contención de ese tipo de demandas. Esta realidad plantea una disyuntiva: resignarse a ese limitado espacio de reclamos o comenzar a pensar en cómo crear espacios institucionales alternativos para hacerse escuchar. Esta segunda instancia es la participación ciudadana.

Y la oportunidad de hacerlo está ahí, a la vuelta de la esquina. En unos meses (octubre) se elegirán todos los cargos electivos nacionales, provinciales y municipales, y ese será un momento crucial para definir qué tipo de ciudad queremos para el futuro. Y no se trata solo de nombres, listas o partidos sino de elegir entre dos modelos institucionales: el esquema clásico de democracia representativa con el cual que convivimos actualmente, o uno innovador que incluya mecanismos que aseguren una mayor participación ciudadana.

El primer caso es donde se aplica la frase “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes” escrita en el artículo 22 de la constitución nacional. Pero claro, la misma Constitución establece que nuestro país adopta un sistema de gobierno representativo, republicano y federal (Art. 1º). Y reconoce autonomía a los gobiernos locales (municipios) para fijar su forma de gobierno a través de sus constituciones locales o Cartas Orgánicas, como se las conoce.

Este segundo esquema puede incorporar mecanismos como la consulta popular, también conocido como referéndum o plebiscito, que les permite a los vecinos opinar sobre las decisiones de gobierno, si está de acuerdo o no con las políticas públicas, o incluso si está de acuerdo o no con las leyes u ordenanzas que están en debate. Es decir, incorporar la posibilidad de expresarse como si fuera una asamblea, para que se tenga en cuenta la opinión de la mayoría, más allá que existan representantes electos como concejales o el intendente.

Otros mecanismos de participación son las audiencias públicas vinculantes, los foros o consejos vecinales, la banca del vecino, y el más polémico y urticante para los gobernantes, la revocatoria de mandato. Este mecanismo se enlaza con la consulta popular o referéndum, y es donde se consulta directamente a los ciudadanos si quieren sacar de un cargo a un funcionario electo antes que finalice su mandato, por ejemplo a un intendente. Lo que se dice un ejercicio directo de soberanía popular.

En nuestra ciudad, hace algunos años, se habían creado a través de ordenanzas algunas instancias de participación ciudadana como los foros vecinales y la banca del vecino, pero no tuvieron mucha vida ya que fueron derogadas cuando hubo cambio de gestión y asumió un nuevo intendente.

Para corregir esa fragilidad es necesario que los mecanismos de participación sean creados con rango constitucional, es decir, que queden plasmados en una Carta Orgánica Municipal para que queden fuera del alcance del poder de veto de pésimos gobernantes a los que nos les agrada ser cuestionados.

El pasado domingo, los indignados locales marcharon para quejarse de la situación crítica en que está la ciudad por el paro prolongado, para pedir que se solucione el conflicto y también para pedir el alejamiento del intendente Cantín. De esos pedidos, el primero y el segundo son responsabilidad de la gestión de turno, y el tercero también. Hoy no hay ningún mecanismo institucional que permita separar del cargo a un intendente que gestiona mal.

Pueden decir que la ley N°55, la ley orgánica de los municipios de la provincia lo contempla, y es cierto. Pero también es cierto que hace poco tiempo se sancionó de hecho la “inmunidad” de los intendentes santacruceños, que pueden incumplir todo lo que quieran sin que nadie los pueda tocar.

Esa inmunidad la sancionó en la práctica el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz cuando se declaró incompetente ante el pedido de remoción de José Manuel Córdoba, el intendente de Caleta Olivia. La remoción la había pedido el Concejo Deliberante caletense y el sindicato municipal, para cual recabaron unas 25 causas válidas para pedir su separación del cargo. La justicia consideró que era un tema de naturaleza política, y que le correspondía a la Cámara de Diputados provincial expedirse sobre el tema. La legislatura simplemente archivó el pedido por considerar que no tenía fundamentos.

Sin entrar a analizar el caso, el tema de fondo es que se demostró que no está en manos de los concejales ni de ningún poder separar al intendente porque no existe el juicio político para los intendentes, como si existe para el gobernador.

Por eso es necesario contar con una Carta Orgánica municipal, para incorporar el juicio político que permita analizar si un intendente actuó mal, o fue irresponsable en el manejo de lo público. Demás está decir que en esa Carta Orgánica también pueden crearse mecanismos de control que permitan una mayor transparencia de la gestión, como un Tribunal de Cuentas, auditorías o fiscalías municipales, para que la revisión de los números locales quede en manos de organismos locales.

Queda claro que la sociedad no se plantea cambios hasta que las instituciones demuestran que no sirven para dar respuestas a sus demandas. Entonces se generan las crisis donde se resuelve introducir cambios a las instituciones existentes o reemplazarlas. Esta es la oportunidad que trae octubre, si es que los dirigentes son capaces de registrar el humor social, o si prefieren parchar un modelo que tarde o temprano volverá a demostrar sus limitaciones.