"En 13 años, no vimos ningún presupuesto de la obra social del Poder Judicial"La comisión de Juicio Político de Diputados citó a peritos contables para exponer detalles de las auditorías a la obra social del Poder Judicial. Se ausentó su ex director, Aldo Tonón, pero será convocado nuevamente.
Este martes hubo una nueva audiencia testimonial en la comisión de Juicio Político que investiga a los cuatro integrantes de la Corte Supremapor irregularidades en su gestión en medio de una fuerte interna dentro propio organismo por desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ).
La comisión presidida por Carolina Galliard se reunió a partir de las 13 horas del martes -y durante casi siete horas- para indagar en la investigación por presuntas licitaciones sospechosas para el equipamiento de la obra social, además de las denuncias por malas prestaciones de servicios, faltantes de medicamentos, ausencia de balances contables, ausencia de supervisión y gestión irregular de fondos.
La principal citación de la jornada fue a Aldo Tonón, ex director de la obra social de los trabajadores judiciales y hombre de confianza del miembro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda. Tonón se ausentó argumentando que tiene causas abiertas en la Justicia y que no daría declaración. En el 2021, cuando iniciaron las investigaciones, la Corte se desprendió de las responsabilidades en torno a la obra social y delegó en Héctor Marchi -de la Secretaría General de Administración- su saneamiento.
Los legisladores de la comisión votaron a favor de reiterar la citación a Aldo Tonón, con la aclaración de que puede negarse a responder las preguntas que él entienda que puedan llegar a perjudicarlo en su derecho. Si Tonón se ausenta otra vez, el organismo legislativo está facultado de recurrir a la Justicia para que sea obligado a declarar.
.También se ausentó Marcelo Mazzeo, abogado al que se le reconocieron conversaciones con el investigado ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. "Voy a dejar en claro que no me voy a presentar ante una Comisión de Juicio Político que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina", escribió en sus redes sociales el pasado 13 de marzo.
Además fueron convocados a declarar la contadora Melisa Solana; la médica legista y perito de la Corte, María Cristina Interlandi; el perito contable Oscar Fernández (que fue parte de las auditorías a la obra social); y las trabajadoras de la obra social Laura Coulin y Liliana de Brito.
La auditoría llegó a la conclusión de que entre entre 2008 y 2021 la comisión no tuvo un sistema formal de contabilidad, la mayoría de las contrataciones eran irregulares y no había manuales de procedimientos. La Comisión de Juicio Político volverá a reunirse el próximo martes para recibir más declaraciones con eje en la gestión de la obra social del Poder Judicial.
Perito contable de la obra social: "No vimos ningún presupuesto en trece años"
El perito contable Oscar Fernández, que forma parte del cuerpo de peritos que por concurso trabajan con los balances de la Corte Suprema de Justicia, comentó algunos detalles del informe que realizaron en las auditorías al Poder Judicial: "La obra social nos dijo explícitamente no tener un presupuesto. Esto sucedió a lo largo de trece años".
"No vimos ningún presupuesto en trece años, aunque los pedimos", reiteró e indicó que "todas las solicitudes fueron elevadas al Directorio" compuesto por Mariano Althabe y Cora Borensztejn.
Además precisó que la obra social "no cuenta con un sistema contable" lo que provoca que "se cuenta con menos información de la que se debería y difícilmente se pueda hacer un estado contable". "No es habitual que esto pase", añadió.
Por su parte, la médica y perito de la Corte, María Cristina Interlandi, ratificó el informe de la auditoría, que expresó la falta de previsión presupuestaria y anomalías en la registración contable, y consideró que constituía "una limitación de los sistemas que no se encuentran informatizadas en la obra social las autorizaciones de medicamentos que corresponde a cada afiliado y al no estarlo siempre es una dificultad".
Trabajadores de la obra social expusieron las desprolijidades
La contadora Melisa Solana, quien renunció repentinamente a su cargo como administradora de OSPJN en medio de la crisis de la empresa, indicó que que "todas las deficiencias fueron informadas oportunamente al Directorio" y confirmó que "no había registros contables" en el organismo.
Por su parte, dos trabajadoras de la obra social reiteraron las deficiencias del servicio para los afiliados. Al momento de tomar la palabra, Laura Coulin señaló que "lo que me dijeron en forma verbal desde el área de Discapacidad, es que los reintegros tardan entre 20 y 25 días. En 2022 se atrasaron más. Octubre, noviembre y diciembre recién los cobré en enero y febrero de 2023".
"La situación en la pandemia fue desesperante, y la verdad que nunca hubo un justificativo de porqué no nos estaban abonando esas prestaciones durante ese momento", añadió en ese sentido Liliana De Brito.
.La denuncia de Carrió contra Lorenzetti
Para avanzar en estas cuestiones, la comisión también tuvo en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentó Elisa Carrió contra Lorenzetti por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social", y su "incidencia" ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.
"El 'período crítico' es básicamente gestionado por Lorenzetti, que además en su dictamen de minoría dice que durante sus 13 años la obra social funcionaba de manera fantástica", añadieron las fuentes.
Además de estas cuestiones, se investigan denuncias sobre autorización de tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras se le denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados y la numerosa cantidad de juicios por mala praxis, así como faltantes de medicamentos y el desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos, con el consecuente perjuicio para los afiliados que se estaban tratando con esos prestadores.(Ámbito)
Este martes hubo una nueva audiencia testimonial en la comisión de Juicio Político que investiga a los cuatro integrantes de la Corte Supremapor irregularidades en su gestión en medio de una fuerte interna dentro propio organismo por desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ).
La comisión presidida por Carolina Galliard se reunió a partir de las 13 horas del martes -y durante casi siete horas- para indagar en la investigación por presuntas licitaciones sospechosas para el equipamiento de la obra social, además de las denuncias por malas prestaciones de servicios, faltantes de medicamentos, ausencia de balances contables, ausencia de supervisión y gestión irregular de fondos.
La principal citación de la jornada fue a Aldo Tonón, ex director de la obra social de los trabajadores judiciales y hombre de confianza del miembro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda. Tonón se ausentó argumentando que tiene causas abiertas en la Justicia y que no daría declaración. En el 2021, cuando iniciaron las investigaciones, la Corte se desprendió de las responsabilidades en torno a la obra social y delegó en Héctor Marchi -de la Secretaría General de Administración- su saneamiento.
Los legisladores de la comisión votaron a favor de reiterar la citación a Aldo Tonón, con la aclaración de que puede negarse a responder las preguntas que él entienda que puedan llegar a perjudicarlo en su derecho. Si Tonón se ausenta otra vez, el organismo legislativo está facultado de recurrir a la Justicia para que sea obligado a declarar.
.También se ausentó Marcelo Mazzeo, abogado al que se le reconocieron conversaciones con el investigado ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. "Voy a dejar en claro que no me voy a presentar ante una Comisión de Juicio Político que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina", escribió en sus redes sociales el pasado 13 de marzo.
Además fueron convocados a declarar la contadora Melisa Solana; la médica legista y perito de la Corte, María Cristina Interlandi; el perito contable Oscar Fernández (que fue parte de las auditorías a la obra social); y las trabajadoras de la obra social Laura Coulin y Liliana de Brito.
La auditoría llegó a la conclusión de que entre entre 2008 y 2021 la comisión no tuvo un sistema formal de contabilidad, la mayoría de las contrataciones eran irregulares y no había manuales de procedimientos. La Comisión de Juicio Político volverá a reunirse el próximo martes para recibir más declaraciones con eje en la gestión de la obra social del Poder Judicial.
Perito contable de la obra social: "No vimos ningún presupuesto en trece años"
El perito contable Oscar Fernández, que forma parte del cuerpo de peritos que por concurso trabajan con los balances de la Corte Suprema de Justicia, comentó algunos detalles del informe que realizaron en las auditorías al Poder Judicial: "La obra social nos dijo explícitamente no tener un presupuesto. Esto sucedió a lo largo de trece años".
"No vimos ningún presupuesto en trece años, aunque los pedimos", reiteró e indicó que "todas las solicitudes fueron elevadas al Directorio" compuesto por Mariano Althabe y Cora Borensztejn.
Además precisó que la obra social "no cuenta con un sistema contable" lo que provoca que "se cuenta con menos información de la que se debería y difícilmente se pueda hacer un estado contable". "No es habitual que esto pase", añadió.
Por su parte, la médica y perito de la Corte, María Cristina Interlandi, ratificó el informe de la auditoría, que expresó la falta de previsión presupuestaria y anomalías en la registración contable, y consideró que constituía "una limitación de los sistemas que no se encuentran informatizadas en la obra social las autorizaciones de medicamentos que corresponde a cada afiliado y al no estarlo siempre es una dificultad".
Trabajadores de la obra social expusieron las desprolijidades
La contadora Melisa Solana, quien renunció repentinamente a su cargo como administradora de OSPJN en medio de la crisis de la empresa, indicó que que "todas las deficiencias fueron informadas oportunamente al Directorio" y confirmó que "no había registros contables" en el organismo.
Por su parte, dos trabajadoras de la obra social reiteraron las deficiencias del servicio para los afiliados. Al momento de tomar la palabra, Laura Coulin señaló que "lo que me dijeron en forma verbal desde el área de Discapacidad, es que los reintegros tardan entre 20 y 25 días. En 2022 se atrasaron más. Octubre, noviembre y diciembre recién los cobré en enero y febrero de 2023".
"La situación en la pandemia fue desesperante, y la verdad que nunca hubo un justificativo de porqué no nos estaban abonando esas prestaciones durante ese momento", añadió en ese sentido Liliana De Brito.
.La denuncia de Carrió contra Lorenzetti
Para avanzar en estas cuestiones, la comisión también tuvo en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentó Elisa Carrió contra Lorenzetti por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social", y su "incidencia" ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.
"El 'período crítico' es básicamente gestionado por Lorenzetti, que además en su dictamen de minoría dice que durante sus 13 años la obra social funcionaba de manera fantástica", añadieron las fuentes.
Además de estas cuestiones, se investigan denuncias sobre autorización de tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras se le denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados y la numerosa cantidad de juicios por mala praxis, así como faltantes de medicamentos y el desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos, con el consecuente perjuicio para los afiliados que se estaban tratando con esos prestadores.(Ámbito)
