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CAUSA VIALIDAD

Procesan a ex funcionarios de Santa Cruz por la corrupción en la obra pública que le dieron a Lázaro Báez

En la llamada causa "Vialidad III", el juez Ercolini acusó a 16 funcionarios de Vialidad Provincial por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Es la continuación del caso por el que está condenada Cristina Kirchner.

A días de que la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner, en el caso Vialidad, ingrese en la Corte Suprema de Justicia, el juez federal Julián Ercolini procesó a 16 funcionarios de Santa Cruz por la corrupción en la obra pública vial que el gobierno kirchnerista adjudicó a Lázaro Báez. La figura penal atribuida es la coautoría en la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el delito que pesa sobre la ex vice en el expediente principal.

En una resolución de más de 280 páginas a la que accedió Clarín, el juez federal Julian Ercolini procesó a ex funcionarios de la Agencia de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz en el marco de la causa conocida como Vialidad III, un desprendimiento del caso en el que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta.

Este tramo del expediente que se encontraba en instrucción y en el que el magistrado resolvió las situaciones procesales de 16 personas, se concentra en las autoridades provinciales. La próxima instancia será el llamado a indagatoria de los ex gobernadores santacruceños Sergio Acevedo (actual diputado nacional), Carlos Sancho y Daniel Peralta.

La justicia centró las indagatorias en este caso conexo en el rol que asumieron diversos funcionarios dentro de la estructura de Vialidad Provincial, una institución que -según corroboró la justicia- fue determinante para "beneficiar a Lázaro Báez".

El procesamiento incluye a dos integrantes del Grupo Austral -al holding del ex socio comercial de Cristina Kirchner-, Juan Carlos Pistan y Manuel Parras, acusados como responsables de la maniobra defraudatoria.

Para el juez Ercolini también se les debe atribuir el delito de coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Guillermo Torres, Orlando Taboada Ovejero, Jorge Pasieczink, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Oliva, Gerardo Mansilla, Carlos Mancilla, Roberto Lillo, María Lencina Albornóz, Elio Enrique González, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Cantero, Juan Gelves.

A cada uno de los acusados se les trabó un embargo de 100 millones de pesos.

El juez sostuvo en resolución que, bajo los lineamientos manifestados por el Ministerio Público Fiscal representado por Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes puntualizaron que los ex funcionarios santacruceños "habrían actuado a sabiendas y voluntariamente poniendo a disposición de la maniobra delictiva -que ya cuenta con personas procesadas, enjuiciadas y condenadas mediante sentencia confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal-, las facultades que les eran propias a partir de los roles o cargos que ocupaban".

La conclusión a la que arribaron los fiscales del caso y que avaló el magistrado, fue que esas personas "habrían llevado adelante contribuciones -activas u omisivas-, fundamentales para su implementación y sostén durante un amplio período (2004-2015), todo lo cual resultó necesario para su éxito". ( Clarín- Por Lucía Salinas)

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